LIMA Un nuevo informe de Global Witness aclara los motivos tras el elevado número de asesinatos de defensores ambientales en Perú, menos de un mes antes de que el país albergue una reunión de la ONU sobre el clima en Lima.
Este informe, titulado “El Ambiente Mortal de Perú”, cuestiona el nivel de compromiso de Perú a la hora de proteger sus bosques ricos en reservas de carbono, y a las personas que viven en ellos, en vista de una tala ilegal desencadenada, graves faltas de respeto por los derechos sobre la tierra y nuevas leyes que favorecen la explotación industrial por encima de la protección ambiental.
El informe llega justo después de los asesinatos de cuatro líderes indígenas en Ucayali el pasado mes de septiembre: el destacado activista anti-tala ilegal Edwin Chota y otros tres líderes Ashéninka de la Amazonia peruana.
“Los asesinatos de Edwin Chota y sus compañeros son trágicos recordatorios de una paradoja existente en las negociaciones sobre el clima”, afirma Patrick Alley, cofundador de Global Witness.
“Al tiempo que el gobierno de Perú dirige negociaciones sobre cómo resolver la crisis climática, no está logrando proteger a las personas a la vanguardia de la protección ambiental. Los defensores ambientales encarnan la determinación que necesitamos para frenar el calentamiento global. El mensaje es claro: si quieres salvar el medio ambiente, acaba con los asesinatos de los defensores ambientales”.
Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas. Al menos 57 defensores ambientales y de la tierra han sido asesinados en Perú desde 2002, y más del 60% en los últimos cuatro años según nuevos datos de Global Witness.
La mayoría de estas muertes se relacionan a disputas en torno a derechos sobre la tierra, la minería y la tala. El 72% de las comunidades indígenas de Perú sigue sin forma de demostrar sus derechos de propiedad sobre la tierra y más de 20 millones de hectáreas de tierras reclamadas siguen pendientes de resolución.
El Ambiente Mortal de Perú se presentará en Lima durante el estreno de Las Viudas, un corto sobre las consecuencias de los asesinatos de Ucayali en septiembre y la lucha en curso por los derechos sobre la tierra de quienes han quedado atrás.
Simultáneamente en Nueva York, la Fundación Alexander Soros homenajeará a los fallecidos con su premio anual de activismo ambiental. Diana Ríos Rengifo, hija de uno de los hombres asesinados, recogerá el premio en nombre de su padre y de la comunidad Asháninka, que lleva más de una década luchando por el derecho a adquirir títulos de propiedad sobre sus tierras.
“Puede que hayan asesinado a mi padre y a sus amigos, pero yo sigo aquí y seguiré luchando por los derechos sobre nuestras tierras y por los derechos de otros pueblos indígenas en Perú”, dijo Diana, hija de Jorge Ríos.
Perú disfruta de un área de selva amazónica del tamaño aproximado de Alemania y Noruega; y recientemente se comprometió a reducir la deforestación neta a cero antes de 2021 como parte de un acuerdo de 300 millones de dólares con Noruega.
En 2012, las tasas de deforestación en Perú se duplicaron con respecto a las del año anterior, y la pérdida de bosques representa ahora casi la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del país.
El valor de la tala ilegal es 1,5 veces el de las exportaciones madereras legales en Perú y las acusaciones que contiene el informe El Ambiente Mortal de Perú, insinúan a una colusión entre madereros ilegales y funcionarios.
Edwin Chota había recibido numerosas amenazas de muerte por su resistencia frente a los madereros ilegales que estaban acabando con los bosques de su comunidad, pero sus peticiones de auxilio a las autoridades fueron desoídas.
Antes de morir, Chota envió a la policía local fotografías de los madereros ilegales a quienes ahora se acusa de su asesinato y las ubicaciones de sus lugares de tala.
En toda Latinoamérica, el fortalecimiento de los derechos de los indígenas sobre sus tierras ha demostrado estar unido a unos bosques más sanos y a emisiones inferiores de carbono, algo que se debatirá extensamente en el próximo encuentro sobre el clima en Lima.
Mientras tanto, el país anfitrión ha invocado una nueva ley que data de julio de 2014 y que concede más derechos de uso de la tierra a los inversores para la expansión de la agricultura a gran escala, la minería, la tala de madera y los proyectos de infraestructuras.
“La credibilidad de Perú como protector forestal depende de que otorgue derechos sobre las tierras y los recursos a las poblaciones indígenas y rurales del país”, comenta David Salisbury, profesor de la Universidad de Richmond que pasó mucho tiempo con la comunidad de Edwin Chota en Saweto, y que hablará en la entrega de premios en Nueva York.
“Si se quiere mantener los bosques en pie, tenemos que invertir en las personas que viven en ellos, ya que son quienes más se juegan en el desarrollo sostenible de estas áreas. Saweto es el ejemplo perfecto. El gobierno debe reconocer que hay gente que vive en los bosques y otorgarles derechos sobre estos. ¿Cómo podemos mantenerlos en pie y mitigar el cambio climático si se asesina a las personas que los defienden?”, refirió.
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